La provincia de Santa Fe avanza en el diseño de un nuevo esquema de cobro para el tránsito pesado que ingresa a los puertos del Cordón Industrial. La iniciativa contempla una tasa que oscilaría entre 30 y 45 dólares por camión, según la carga transportada, y formaría parte de un sistema de peaje único para toda la región portuaria.

La medida surge a partir de una propuesta de Vialidad Nacional, que recomendó fijar un valor cercano a un dólar por tonelada. Teniendo en cuenta que los camiones que acceden a los puertos de la zona suelen transportar entre 30 y 45 toneladas, el monto final se ubicaría dentro de esa franja.

El proyecto no se limitaría únicamente al transporte de cargas. También prevé el cobro a vehículos livianos que circulen por determinadas rutas estratégicas que serán intervenidas y concesionadas por la provincia, como parte de un plan de reordenamiento del tránsito en el área.

En cuanto al destino del dinero, la recaudación quedaría bajo la órbita de una concesión privada. Los municipios involucrados, como Timbúes, Puerto General San Martín y San Lorenzo, no administrarían esos fondos, aunque participarían en un consejo asesor y podrían recibir una compensación para afrontar los costos que genera el paso constante de camiones, como el desgaste de las calles, la limpieza o la seguridad vial.

En paralelo, el gobierno provincial gestiona ante Nación la transferencia de la Ruta A012 para encargarse de su mantenimiento y mejora directa. Además, se proyecta que la Ruta 11 quede destinada principalmente al tránsito liviano, desplazando el flujo de camiones hacia otros corredores.

Las zonas más comprometidas por la circulación continúan siendo Villa La Ribera, la Ruta 91 y el puente sobre el río Carcarañá, puntos donde la saturación del tránsito persiste a pesar de los trabajos realizados.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, confirmó los lineamientos de la iniciativa y remarcó que se busca unificar el sistema de cobro para evitar superposición de peajes: “La operación y el cobro estarán a cargo de una concesión privada, mientras que los municipios no manejarán la recaudación, aunque formarán parte de la discusión y el seguimiento”, señaló.