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El Gobierno y los prácticos alcanzaron un acuerdo: suspenden el decreto y crean una mesa de diálogo
Tras varios días de conflicto que afectó la operatoria portuaria, el Ministerio de Seguridad y los representantes del sector firmaron un acta en la que acordaron elevar a la Presidencia la suspensión del Decreto 690/2026, reactivar el servicio y abrir una mesa de trabajo.
Editorial | 4/8/2026
El conflicto que mantuvo en vilo a la actividad portuaria argentina comenzó a encontrar una salida. El Ministerio de Seguridad Nacional y los representantes de las empresas, entidades y profesionales del practicaje y pilotaje firmaron este martes un acta de acuerdo que busca descomprimir la crisis generada tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026.
El encuentro fue encabezado por la ministra Alejandra Monteoliva, junto al jefe de Gabinete del Ministerio, Fernando Kusnier, el secretario de Seguridad Martín Ferlauto y el director general de Asuntos Prioritarios Daniel Barberis. En representación del sector participaron Miguel Ángel Doñate, John Ryan y Mónica Navarro.
Durante la reunión, los prácticos solicitaron la suspensión de los efectos del decreto, la conformación de una Mesa Intersectorial integrada por el Ministerio de Seguridad, la Prefectura Naval, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y representantes del sector, además de comprometerse a reactivar de manera regular la prestación del servicio. También ofrecieron una reducción del 10% en las tarifas vigentes.
El Ministerio manifestó que elevará a consideración de la Presidencia de la Nación la suspensión del Decreto 690/2026 y aceptó avanzar en la creación de la mesa de diálogo. A cambio, solicitó el restablecimiento inmediato de la actividad y propuso que la baja de tarifas alcance el 30%.
Las partes acordaron someter a consideración del Poder Ejecutivo la suspensión del decreto y la normalización del servicio, marcando un cambio de rumbo luego de 4 días de fuerte tensión entre el Gobierno y los prácticos, que incluyó demoras en la operatoria portuaria, advertencias sobre la seguridad de la navegación y una denuncia judicial contra la reforma impulsada por la administración nacional.