El conflicto generado por la reforma del sistema de practicaje sumó un nuevo capítulo. MediosRED accedió a la denuncia penal que La Asociación de Prácticos y Pilotos de la República Argentina presentó para que la Justicia Federal investigue la elaboración, aprobación e implementación del Decreto 690/2026, la norma con la que el Gobierno nacional modificó.

La presentación solicita que se investigue la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de otras figuras penales que podrían surgir durante la investigación.

Entre las personas cuya actuación se pide analizar figuran el presidente Javier Milei, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, el ministro de Defensa Carlos Presti, el ministro del Interior Diego Santilli, además de autoridades de la Prefectura Naval Argentina.

En el escrito, los denunciantes sostienen que la reforma pudo haber sido dictada en contradicción con normas nacionales e internacionales que regulan la seguridad de la navegación y advierten que la implementación del nuevo régimen podría generar riesgos para la actividad marítima. También solicitan que se investigue si determinadas decisiones podrían crear situaciones de peligro para los buques y las vías navegables.

La presentación judicial se produce apenas días después de la entrada en vigencia del decreto, que flexibilizó los requisitos para el ejercicio del practicaje, amplió las exenciones para el uso obligatorio de prácticos y eliminó diversas restricciones que, según el Gobierno, encarecían el comercio exterior y limitaban la competencia.

El ministro Federico Sturzenegger defendió la reforma al sostener que el practicaje argentino tiene costos muy superiores a los de otros puertos del mundo y calificó al régimen anterior como uno de los "kioscos regulatorios" que el Gobierno busca desmantelar para reducir el denominado "costo argentino".

Según fuentes vinculadas al sector consultadas por MediosRED, la presentación judicial también busca generar un canal de diálogo con el Gobierno nacional para revisar aspectos de la implementación del nuevo régimen y evitar que el conflicto continúe escalando.