La medida, publicada en la Gaceta Oficial con fecha del 3 de enero, establece un “Estado de Conmoción Exterior” que otorga amplias facultades al gobierno interino y habilita la movilización total de las fuerzas armadas, así como la militarización de infraestructuras estratégicas.

Con la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro como telón de fondo, en distintos puntos de la capital comenzaron a instalarse retenes policiales y militares. Testigos relataron que en varios de ellos los efectivos ordenaron detener vehículos, hicieron descender a los ocupantes y revisaron teléfonos celulares en busca de mensajes o publicaciones vinculadas a los recientes ataques estadounidenses o que manifestaran apoyo a la caída del exgobernante.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció pasada la medianoche el despliegue de patrullajes intensivos en todo el territorio, en un mensaje difundido junto a un grupo de agentes fuertemente armados. Vecinos de Caracas reportaron la presencia de tanques de la Guardia Nacional Bolivariana y controles estrictos sobre la circulación urbana, mientras que en otras ciudades, como Maracaibo y Barquisimeto, se reforzó la presencia policial, aunque sin despliegue de vehículos blindados.

El decreto habilita al Estado a restringir la movilidad, prohibir manifestaciones no autorizadas y detener a personas consideradas sospechosas de alterar el orden público o poner en riesgo infraestructuras bajo supervisión militar. Estas medidas, según el gobierno, buscan “proteger a la población frente a una agresión externa” y garantizar el funcionamiento institucional.

La norma se apoya en el artículo 338 de la Constitución de 1999, que permite la declaración del estado de conmoción en contextos de amenaza para la seguridad nacional. Aunque la legislación fija límites —como la prohibición de suspender derechos esenciales, entre ellos la vida, la prohibición de la tortura o el debido proceso— organizaciones civiles advirtieron irregularidades en el procedimiento.

La ONG Acceso a la Justicia señaló que el mismo día en que se emitió el decreto, el Tribunal Supremo de Justicia declaró la ausencia temporal de Maduro y designó a Delcy Rodríguez como presidente encargada. Pese a esa resolución, la Gaceta Oficial aparece suscripta por el propio Maduro, lo que genera dudas sobre la validez jurídica del documento.

Detenciones de trabajadores de prensa

A la tensión en las calles se sumaron denuncias por detenciones de periodistas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que 14 comunicadores fueron retenidos brevemente mientras cubrían la juramentación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional y la asunción de Rodríguez como presidenta interina. Once de ellos eran corresponsales o colaboradores de medios internacionales.

Aunque todos fueron liberados horas después, el gremio advirtió que la situación evidencia un clima de hostigamiento que podría profundizarse bajo el nuevo régimen excepcional.

El país atraviesa así una de sus jornadas más críticas en medio de un escenario político convulsionado, marcado por la captura de Maduro, el despliegue militar y un creciente control estatal sobre la vida cotidiana.