Cuatro personas fueron imputadas formalmente por contrabando de exportación agravado, en el marco de una investigación desarrollada por la Fiscalía de Distrito de Salta. La organización delictiva operaba desde la localidad de Salvador Mazza, desde donde canalizaban aceite de soja hacia Bolivia a través de un sistema de mangueras clandestinas tendidas en plena frontera.
Según la hipótesis fiscal, la banda operaba desde 2022 y llegó a exportar ilegalmente más de 30 toneladas de aceite industrial, adquirido en plantas aceiteras de la región —principalmente en la provincia de Santa Fe— mediante una empresa de papel. La mercadería era trasladada en camiones cisterna hasta una propiedad conocida como “Don Ramón”, y luego derivada a un predio fronterizo en el paraje El Chorro, donde se completaba la maniobra de contrabando hacia la ciudad boliviana de Pocitos.
El operativo que permitió desbaratar la organización se realizó el viernes pasado. En uno de los procedimientos, el principal acusado, identificado como F.S.G., abrió fuego con una pistola 9 mm contra un comandante de Gendarmería que intentaba allanar su domicilio. El oficial resultó herido en el antebrazo izquierdo. A pesar de los disparos, el agresor fue reducido y detenido por el resto del personal.
La imputación se formalizó ante el juez federal de Orán, Gustavo Montoya. F.S.G. fue acusado como autor mediato del delito de contrabando agravado, en concurso real con tentativa de homicidio doblemente agravado: por el uso de arma de fuego y por tratarse de un funcionario público. Los otros tres imputados—N.A.D., R.G.M. y A.C.M.—fueron señalados como coautores del contrabando.
La operatoria incluía la compra del aceite en la región, el transporte en camiones hacia Salta, la redistribución en vehículos más pequeños y, finalmente, el traspaso hacia Bolivia a través de largas mangueras conectadas a camiones del otro lado de la frontera.
Durante el operativo se incautaron más de 30.000 litros de aceite neutro, además de documentación y vehículos. Las tareas de inteligencia estuvieron a cargo de Gendarmería Nacional y la Dirección General de Aduanas.
De acuerdo con estimaciones de la AFIP y de la Administración de Rentas de Salta (ARCA), el contrabando habría generado ingresos ilegales por al menos 2.400.000 dólares, con un perjuicio fiscal de más de 720.000 dólares en concepto de derechos de exportación no ingresados. A esto se suma la evasión de la liquidación de divisas en el mercado oficial.
El juez Montoya hizo lugar al pedido de prisión preventiva para los cuatro acusados y autorizó nuevas medidas de prueba con el objetivo de avanzar en la desarticulación total de la red.