En una resolución clave, la sindicatura plural coincidió en que, en caso de no homologarse la propuesta de Grassi, corresponde evaluar la alternativa impulsada por Molinos y LDC. 

La mayoría de los síndicos se pronunció a favor de abrir el análisis de esas impugnaciones, revisar crédito por crédito y depurar las mayorías alcanzadas.

Dos de los tres integrantes de la sindicatura consideraron indispensable producir prueba y controlar la legitimidad de los votos incorporados, mientras que el tercer síndico aconsejó rechazar todas las impugnaciones y avanzar directamente hacia la homologación del acuerdo. 

La falta de una postura unificada quedó expresamente reconocida por la propia sindicatura, que explicó que no fue posible arribar a un dictamen único debido al "rico y profundo debate de ideas y a las distintas opiniones surgidas". 

Como consecuencia, se elevaron presentaciones separadas ante el juez del concurso, Fabián Lorenzini.