SE NOS RÍEN EN LA CARA: la prohibición de los trapitos pasó a ser una regla laxa que evita eliminarlos

El debate por los cuidacoches en Santa Fe sumó un nuevo capítulo y dejó en evidencia las diferencias políticas sobre cómo abordar el problema. La Cámara de Diputados provincial aprobó modificaciones al proyecto que buscaba prohibir la actividad de los denominados "trapitos", por lo que la iniciativa deberá regresar al Senado para su tratamiento definitivo.

La principal diferencia con la propuesta original radica en que ya no se plantea una prohibición absoluta en todo el territorio provincial. En cambio, las sanciones quedarán sujetas a que la actividad se realice sin autorización estatal y en sectores donde los municipios hayan establecido expresamente restricciones. De esta manera, gran parte del control y la regulación de la actividad quedará en manos de los municipios locales.

En cuanto a las penalidades, el proyecto establece prohibiciones de concurrencia de hasta 60 días para quienes exijan dinero de manera intimidatoria por el cuidado o lavado de vehículos. La sanción podrá extenderse cuando la actividad se desarrolle en zonas con estacionamiento medido o en las inmediaciones de eventos masivos.

Como complemento, la iniciativa obliga al Gobierno provincial y a los municipios a desarrollar programas de inclusión social destinados a las personas alcanzadas por la norma, con acceso a capacitación laboral, asistencia sanitaria y acompañamiento frente a problemáticas de consumo.

La votación estuvo lejos de generar consenso. El texto fue aprobado únicamente con el respaldo del interbloque oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe, mientras que los bloques opositores manifestaron sus reparos sobre el alcance y la efectividad de la medida.

Además de los cambios vinculados a los cuidacoches, el proyecto contempla la creación de dos nuevos cargos de jueces de primera instancia, uno con asiento en Rosario y otro en la ciudad de Santa Fe. Ambos magistrados pasarán a integrar los Colegios de Jueces Penales, en el marco de una reorganización destinada a fortalecer el funcionamiento del sistema judicial provincial.

En diálogo con Medios RED, la diputada provincial Silvia Malfesi expresó su descontento con las modificaciones introducidas al proyecto y sostuvo: "Son cobardes por el costo político que puede tener decir que los trapitos vayan presos".