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Santa Fe prepara el nuevo régimen penal juvenil: cómo será el esquema para adolescentes desde los 14 años
La nueva normativa nacional comenzará a regir el 5 de septiembre y llevará de 16 a 14 años la edad mínima de punibilidad.
Editorial | 19/8/2026
Santa Fe avanza con los preparativos para implementar el nuevo Régimen Penal Juvenil, que comenzará a regir a nivel nacional el próximo 5 de septiembre y alcanzará a adolescentes de entre 14 y 18 años. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, aseguró que la provincia ya dispone de buena parte de la estructura necesaria y que trabaja en los últimos ajustes para poner en marcha el sistema.
Cococcioni explicó que Santa Fe no deberá comenzar desde cero. La provincia cuenta desde 2023 con un Código Procesal Penal Juvenil y con una ley de ejecución de la pena que establece pautas para el alojamiento y que puede aplicarse de manera supletoria en este nuevo escenario.
El esquema previsto contempla distintas respuestas según la situación de cada adolescente. Para los casos en los que corresponda una medida de privación de libertad, la Provincia plantea tres niveles.
El primero será la prisión domiciliaria, para la cual se prevé el uso de tobilleras electrónicas como mecanismo de control. El segundo estará compuesto por establecimientos de puertas abiertas, destinados a una instancia intermedia y con funcionamiento a cargo de personal civil.
El nivel más restrictivo estará reservado para los delitos más graves o violentos y para aquellos casos considerados de mayor complejidad. Allí funcionarán los Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil (CERPJ), establecimientos cerrados destinados exclusivamente a adolescentes y separados de los adultos.
La nueva legislación también establece que los adolescentes privados de su libertad deberán permanecer en establecimientos específicos y con personal especializado. A diferencia del régimen para mayores de edad, las penas no serán equiparables: Cococcioni señaló que para los menores existe una reducción y que la pena máxima es de 15 años, sin posibilidad de prisión perpetua.