El Concejo Municipal de San Lorenzo comenzó a debatir dos proyectos de ordenanza que buscan avanzar en la autonomía municipal y en la convocatoria a una Convención Estatuyentes encargada de redactar la primera Carta Orgánica local. Las iniciativas, impulsadas respectivamente por el oficialismo y la oposición, coinciden en la necesidad de iniciar el proceso pero difieren en el modo de llevarlo adelante.

El oficialismo propone que “San Lorenzo ejerza su autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera, en concordancia con el artículo 123 de la Constitución Nacional y con los nuevos artículos incorporados en la Carta Magna santafesina”.

La iniciativa establece que la “Convención estará integrada por 16 convencionales estatuyentes, que serán elegidos de manera simultánea con las elecciones provinciales de 2027, y que no percibirán remuneración. El intendente deberá convocar a la Convención dentro de los 90 días posteriores a la elección, y los convencionales tendrán 30 días corridos —prorrogables por 10— para redactar la Carta Orgánica”.

El proyecto también crea “una Comisión Redactora preliminar, cuyos miembros serán designados por el Concejo Municipal y deberán ser especialistas locales con trayectoria institucional, académica o profesional. La comisión tendrá la tarea de elaborar un anteproyecto de Carta Orgánica que sirva como base de discusión para la Convención”.

Desde la oposición, tanto Esteban Arico como Martín Cerdera, propusieron: Que los “candidatos deberán cumplir los mismos requisitos que los concejales, incluyendo la aplicación de la normativa de “Ficha Limpia”, y que la elección se hará mediante el sistema proporcional vigente en la provincia”.

La propuesta contempla “la creación de una Junta Electoral Municipal, integrada por representantes del Poder Judicial, del Concejo Municipal (mayoría y primera minoría), del Colegio de Abogados y del sistema universitario público”.

Debería dictar su reglamento interno, “garantizar la participación ciudadana y sancionar la Carta Orgánica en un plazo de 90 días hábiles, prorrogables por otro período igual con el voto de dos tercios de los miembros”.

La ordenanza prevé también “la realización de al menos tres audiencias públicas temáticas, la publicación en línea del anteproyecto y las actas, y la elaboración de un informe de impacto regulatorio antes de la aprobación final del texto”.

Además, se contempla la “creación de una Comisión Redactora Técnica, integrada por representantes de cada bloque político y especialistas propuestos por universidades o colegios profesionales, seleccionados mediante concurso público abreviado. Esta comisión tendría la función de sistematizar insumos y elaborar versiones de trabajo, sin reemplazar la deliberación de la Convención”.