Pedro Alberto “Pili” Rodríguez falleció durante la madrugada de este jueves en su domicilio de la localidad de Oliveros. Su muerte vuelve a poner en foco distintas investigaciones judiciales relacionadas con hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar en la región.

Abogado de profesión y dirigente histórico del peronismo sanlorencino, Rodríguez inició su militancia en la Juventud Peronista durante la década de 1970. Antes del golpe de Estado de 1976 se desempeñó como asesor técnico del entonces intendente constitucional de San Lorenzo, Luis Reynaldo Vivas. Tras la irrupción de la dictadura fue designado director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad, cargo desde el cual continuó en funciones bajo la intervención militar encabezada por Rubén Osvaldo Cervera.

Con el regreso de la democracia mantuvo una activa participación política en la región. Entre 1991 y 2001 ocupó el cargo de secretario de Gobierno durante las gestiones de Armando Traferri al frente de la Municipalidad de San Lorenzo. En 1995 fue elegido diputado provincial por el Partido Justicialista, banca que ejerció hasta 1999, y posteriormente se desempeñó como concejal de la ciudad. En 2009 volvió a resultar electo para integrar el Concejo Municipal, aunque no pudo asumir debido a su situación judicial.

En 2013, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario lo condenó a ocho años y seis meses de prisión por la privación ilegítima de la libertad y las torturas sufridas por el dirigente sindical Manuel Casado durante el período dictatorial. La sentencia fue posteriormente confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal, quedando firme. Rodríguez cumplió la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Al momento de su fallecimiento, el exfuncionario se encontraba procesado en otra investigación judicial conocida como la causa de los trabajadores desaparecidos del Cordón Industrial. El expediente busca determinar responsabilidades en una serie de desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura y que tuvieron como víctimas a dirigentes sindicales, delegados fabriles, estudiantes y militantes políticos de la región.

Entre los casos incluidos en esa causa figuran los de Juan José Funes, Lina Funes, Carlos Grupa, Ramón Di Fiori, Roberto Camuglia, Castellini y Héctor Müller, entre otros. La investigación continúa en trámite en la Justicia Federal.