Prisión preventiva para 13 policías acusados de desviar fondos destinados a combustibles de patrulleros

El juez provincial Gustavo Pérez Urrechu resolvió este jueves dictar prisión preventiva efectiva por seis meses para los 13 policías imputados por el desvío de millonarios fondos públicos destinados a la carga de combustible de patrulleros en Rosario, entre agosto del año pasado y mayo. También ordenó la detención de tres de los cuatro civiles acusados, todos vinculados con la estación de servicio Puma ubicada en Ovidio Lagos al 3900, donde se habrían concretado las maniobras irregulares. La única excepción fue una empleada administrativa del lugar, para quien se dispuso la libertad bajo reglas de conducta.

La audiencia comenzó el martes en el Centro de Justicia Penal, con la imputación presentada por el fiscal José Luis Caterina. Continuó el miércoles con los planteos de las defensas de los uniformados y civiles —algunos de los cuales declararon— y finalizó este jueves con la resolución judicial tras un cuarto intermedio.

Las acusaciones formuladas incluyen los delitos de peculado, cohecho pasivo, falsedad ideológica y defraudación, entre otros.

Uno de los imputados que hizo uso de la palabra fue el inspector Franco Sebastián Cuesta, jefe de Logística de la Policía de Investigaciones, defendido por los abogados Mariano Scaglia y Ana Inés Campodónico. En su descargo, sostuvo que la carga de combustible se realizaba con fondos que no alcanzaban para abastecer a toda la flota y justificó las prácticas por la necesidad operativa.

“Contamos con móviles sin GPS, secuestrados en causas penales. Las tarjetas de carga están en la oficina de logística de la PDI. El día que se cargan, vamos a la estación y las pasamos. Nunca llegamos a cubrir todos los móviles, también abastecemos a toda la región”, explicó.

Sobre la acusación de haber retirado dinero en efectivo de la estación de servicio, Cuesta afirmó:

“Cuando me hice cargo del destino me enviaron a esa estación porque me ofrecían flexibilidad: podía cargar sin pagar en el momento, ya que los fondos semanales no alcanzaban. Íbamos cubriendo la deuda con lo que nos asignaban, cumpliendo así con las órdenes del Ministerio para mantener los móviles en la calle”.

Además, defendió su accionar operativo: “Estamos 24/7 en la calle. No hay manera de prever cuánto combustible se va a utilizar. Jamás desvié fondos ni tomé dinero. Los móviles fuera de servicio no se cargaban. Se dijo que teníamos 20 móviles, pero en realidad tenemos 70”.

Cuesta también se desligó de cualquier vínculo personal con los demás acusados:
“Mi única relación con la estación fue laboral. Hace un mes y medio que estoy en esta sección. Me indicaron que las cosas se hacían así. Tal vez no era lo correcto desde lo administrativo, pero traté de ser operativo y dar respuesta al personal en la calle. Nos asignaron causas de narcocriminalidad que no pueden esperar. Y los resultados fueron positivos”.

La causa continúa su curso mientras los detenidos permanecen alojados bajo prisión preventiva.