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JUEGO CLANDESTINO: El fiscal habló de una “cobertura judicial con nervaduras políticas”
José Luis Caterina se refirió al juicio que comenzó hoy con los juzgamientos del ex jefe de fiscales Patricio Serjal y el ex empleado judicial, Nelson Ugolini. En la causa está apuntado además el senador Armando "Pipi" Traferri como partícipe de "asociación ilícita".
| 15/9/2025
El ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, comenzó a ser juzgado este lunes en el Centro de Justicia Penal. Está acusado de organizar una asociación ilícita ligada al juego clandestino junto al empleado judicial Nelson Ugolini. La Fiscalía pidió 12 años de prisión para Serjal y 5 para Ugolini.
La audiencia comenzó a las 8 en la sala 10 del Centro de Justicia Penal. Serjal estuvo presente junto a su abogado, mientras que Ugolini participó de manera virtual desde la cárcel, donde cumple condena por otra causa.
El fiscal José Luis Caterina, a cargo de la acusación junto a Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato, explicó que se trata de un debate que demandará cerca de tres semanas y que tiene como objetivo probar “cómo se fue brindando una cobertura judicial, desde el MPA, a una operatoria de juego clandestino que también tenía nervaduras políticas por parte de civiles, empresarios y otras personas que no llegaron a esta instancia”.
Ese sentido, el fiscal Caterina aclaró: “Luego de haber imputado al senador Armando Traferri en septiembre – octubre del año pasado, como este proceso ya estaba muy adelantado, decidimos llevarlo a juicio para no alargar más esta situación que deberá esperar en relación a otros imputados”.
A Serjal, de 48 años, se le atribuyen los delitos de asociación ilícita como organizador, cohecho pasivo agravado, falsedad ideológica, omisión de persecución y peculado de servicios. La acusación solicita una pena de 12 años de prisión efectiva y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En tanto, Ugolini, de 38, enfrenta cargos por integrar una asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público y cohecho pasivo simple. En su caso, la Fiscalía pide 5 años de cárcel efectiva y 10 de inhabilitación para ocupar empleos estatales.