El Senado dio media sanción: todos los funcionarios de Santa Fe podrían tener que hacerse narcotests

El Senado de Santa Fe dio media sanción a un proyecto que busca establecer la obligatoriedad de los exámenes toxicológicos para funcionarios públicos durante el ejercicio de sus cargos. La iniciativa fue presentada por el senador por el departamento Vera, Osvaldo Sosa, y propone controles destinados a detectar la presencia de sustancias psicoactivas ilegales.

La medida alcanzaría a quienes ocupen cargos electivos o hayan sido designados políticamente en cualquiera de los tres poderes del Estado. Esto incluye al gobernador y vicegobernador, ministros y funcionarios del Ejecutivo, senadores y diputados, autoridades legislativas, integrantes del Poder Judicial, del Ministerio Público y funcionarios de organismos de control.

El proyecto establece que los estudios sean obligatorios y gratuitos. El primer examen debería realizarse dentro de los 30 días posteriores a la asunción y luego habría controles periódicos, al menos una vez al año. Además, se contempla la posibilidad de realizar pruebas de manera aleatoria mediante sorteo y también ante denuncias fundadas.

La iniciativa también establece determinadas garantías para quienes sean sometidos a los controles, como la confidencialidad de los resultados, el respeto por la dignidad de la persona examinada, el derecho a defensa y la preservación de la cadena de custodia de las muestras.

Otro de los puntos previstos es qué ocurriría ante un resultado positivo. Según el proyecto, la detección de una sustancia no implicaría automáticamente una sanción, sino que se contempla un abordaje interdisciplinario con asistencia, orientación y una evaluación sobre la aptitud de la persona para continuar desempeñando sus funciones. En cambio, la negativa injustificada a realizarse el estudio podría ser considerada una falta grave y derivar en medidas administrativas, de acuerdo con los mecanismos establecidos.

Ahora deberá ser analizado por la Cámara de Diputados, donde los legisladores podrán aprobarlo, modificarlo o rechazarlo. Si finalmente obtiene sanción definitiva, Santa Fe contará con un régimen obligatorio de controles toxicológicos para sus principales funcionarios públicos.