Diputados convoca a municipios para debatir la problemática de los cuidacoches en Santa Fe

La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados de Santa Fe convocó a funcionarios municipales a una reunión clave para analizar la problemática de los cuidacoches, en un contexto marcado por la falta de consensos para avanzar con el proyecto que propone regular o prohibir la actividad.

El encuentro se realizará este miércoles a las 13:30 en la Sala de Acuerdos “Ing. Miguel Lifschitz” y contará con la participación de secretarios de control de distintas ciudades, entre ellas Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución y Santo Tomé.

En el ámbito legislativo reconocen que no existen acuerdos suficientes para avanzar en el corto plazo con la sanción definitiva. Las diferencias entre radicales y socialistas —principales socios del oficialismo— quedaron expuestas en las primeras reuniones de comisión, donde surgieron posturas divergentes sobre el enfoque de la ley.

Mientras algunos sectores impulsan una normativa que prohíba de manera explícita la actividad, otros plantean la necesidad de contemplar su complejidad social y evitar respuestas exclusivamente punitivas. Desde la oposición también se expresaron reparos respecto de la viabilidad de la iniciativa.

El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado provincial, propone modificar el Código de Convivencia mediante la incorporación del artículo 66 bis. Allí se establecen sanciones para quienes ofrezcan o exijan dinero a cambio de permitir estacionar, cuidar o limpiar vehículos en la vía pública sin autorización.

La iniciativa define como infracción cualquier actividad de este tipo realizada a cambio de una retribución económica —voluntaria o no— en espacios donde esté prohibida por normativa local. Además, prevé un esquema progresivo de sanciones que incluye trabajo comunitario, restricciones de circulación y, en casos de reincidencia, arresto.

También incorpora agravantes en situaciones de violencia, en eventos masivos o cuando la actividad esté organizada por grupos. En paralelo, asigna a los municipios un rol central en la aplicación de la norma, desde la intervención inicial hasta la coordinación con fuerzas de seguridad.

A su vez, el proyecto contempla un abordaje complementario de carácter social, con medidas orientadas a la inclusión de las personas que actualmente desarrollan esta actividad. Entre ellas se prevén programas de capacitación, intermediación laboral y acciones vinculadas a salud mental y consumos problemáticos.

En este escenario, y ante la falta de consensos, todo indica que el tratamiento legislativo continuará dilatándose. Incluso, de introducirse modificaciones, la iniciativa debería regresar al Senado para su revisión.