En una jornada cargada de tensión política y manifestaciones en las inmediaciones del Congreso, la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma a la Ley de Glaciares durante la madrugada de este jueves.

La iniciativa, que contaba con media sanción del Senado, consiguió los votos necesarios con el respaldo de legisladores de provincias con actividad minera y sectores considerados dialoguistas, consolidando así su aprobación definitiva.

El punto central de la modificación establece una mayor injerencia de las provincias para determinar qué áreas periglaciales pueden ser habilitadas para actividades extractivas. Este cambio introduce un nuevo esquema de decisión sobre territorios considerados sensibles por su función ambiental.

La normativa original resguardaba tanto los glaciares como sus zonas aledañas por su importancia como reservas estratégicas de agua dulce. Con la reforma, se reabre una discusión de larga data entre el desarrollo económico vinculado a la minería y la preservación de recursos naturales.

Desde el Gobierno nacional destacan que la medida podría generar condiciones más favorables para atraer inversiones en el sector. En contrapartida, organizaciones ambientalistas alertaron sobre posibles consecuencias ecológicas y ya anticipan que podrían impulsar acciones judiciales para frenar la implementación de la ley.