¿Existió un plan para atacar a Pullaro? Investigan si las armas halladas en Roldán tenían ese objetivo

El gobierno de Santa Fe activó un protocolo de máxima alerta tras confirmar fuertes indicios sobre un posible atentado contra el gobernador Maximiliano Pullaro. La advertencia surge luego del hallazgo, hace tres semanas, de armamento de guerra enterrado en una casa quinta de Roldán, que estaría vinculado a un plan impulsado por internos de alto perfil.

Según explicó el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, la hipótesis de un ataque no es reciente, sino que venía siendo evaluada desde hace meses a partir de distintos informes de inteligencia. Sin embargo, el descubrimiento de fusiles de asalto de fabricación china y estadounidense, ocultos bajo tierra, consolidó las sospechas al coincidir con datos aportados por al menos tres fuentes independientes.

Las investigaciones apuntan a que las armas pertenecerían a integrantes de la banda conocida como Los Menores. En ese contexto, el funcionario sostuvo que existían “intenciones serias” de atentar contra autoridades institucionales, con foco central en la figura del mandatario provincial.

Para el ministro, el origen de estas amenazas está directamente ligado al endurecimiento del régimen carcelario aplicado a presos de alto riesgo, así como al avance en la construcción de la nueva unidad penitenciaria denominada “El Infierno”. Según detalló, los reclusos llevan casi dos años bajo condiciones estrictas de aislamiento, lo que habría incrementado su nivel de hostilidad hacia el gobierno.

En particular, mencionó la situación de Lisandro “Limón” Contreras, señalado como presunto organizador del plan, quien permanece alojado en la cárcel de Piñero bajo vigilancia permanente, sin contacto presencial y con controles constantes.

Frente a este escenario, el Ministerio de Seguridad recomendó elevar al máximo los niveles de custodia del gobernador. Entre las medidas sugeridas se incluyen el refuerzo de controles en edificios oficiales, la revisión de rutinas personales y familiares, y la reducción de la exposición pública en actividades no esenciales.

No obstante, Cococcioni aclaró que la decisión final sobre la implementación de estas restricciones corresponde al propio Pullaro. Aun así, remarcó la necesidad de asumir mayores precauciones ante un riesgo que, según afirmó, es concreto y sostenido en el tiempo.