El Senado define el futuro de los cuidacoches en Santa Fe y crece el debate sobre cómo regular la actividad

La regulación de la actividad de los cuidacoches volverá a debatirse este jueves en la Legislatura santafesina. El Senado deberá resolver si acepta las modificaciones incorporadas por la Cámara de Diputados al proyecto que reforma el Código de Convivencia o si insiste con el texto que había aprobado originalmente, para lo cual necesitará el voto favorable de dos tercios de los legisladores.

La iniciativa, presentada por el senador rosarino Ciro Seisas, proponía prohibir de manera general la actividad de los llamados "trapitos" en aquellos espacios públicos donde no exista autorización municipal. Además, establecía sanciones de trabajos comunitarios y arrestos de entre 10 y 20 días para los casos de reincidencia.

Sin embargo, durante su tratamiento en la Cámara de Diputados el proyecto fue modificado. Los cambios introducidos eliminaron la prohibición general y establecieron que las sanciones solo podrán aplicarse cuando el cuidacoches realice exigencias económicas mediante intimidación, amenazas o cualquier otro mecanismo de coacción hacia los conductores.

En medio del debate también se expresó el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien coincidió en que la actividad representa un "factor de riesgo" y un "contacto social no solicitado", aunque consideró que la solución no debe derivar en procesos judiciales para cada caso.

"No me traten al trapito como que hay que hacerle un juicio y nombrar un fiscal. Eso es un gastadero de plata y hay formas más baratas de resolverlo, como habilitar al policía para que lo saque y listo", afirmó.

El funcionario también recordó que existen municipios donde los cuidacoches trabajan bajo esquemas autorizados por los gobiernos locales, por lo que consideró que la prohibición debe aplicarse únicamente en aquellas ciudades donde la actividad esté expresamente vedada. En esos casos, propuso implementar un mecanismo que permita retirar al infractor con intervención policial, sin necesidad de judicializar cada procedimiento.

Con estas diferencias de criterio, el Senado tendrá la última palabra para definir cuál será el marco legal que regirá la actividad de los cuidacoches en la provincia de Santa Fe.