El financista Fernando Whpei quedó detenido con prisión preventiva por 90 días, acusado de participar en una maniobra de extorsión contra un empresario y de recibir, en complicidad con el juez federal Marcelo Bailaque, cerca de mil millones de pesos provenientes de la intervenida Cooperativa Portuaria de San Lorenzo y Puerto General San Martín.

Además, el juez ordenó un embargo sobre Whpei por 1.500 millones de pesos e inmovilizó sus bienes —entre ellos propiedades, acciones y vehículos— hasta cubrir ese monto.

La audiencia imputativa, realizada este martes por la tarde en el fuero federal, se desarrolló en un clima tenso. La defensa del acusado, representada por los abogados Emiliano Díaz y Sergio De Dossi, recusó a los fiscales federales intervinientes, encabezados por Federico Reynares Solari, por considerar que perdieron objetividad en la investigación. No obstante, el juez Eduardo Rodrigues Da Cruz rechazó la recusación por "falta de fundamentos" y calificó el planteo como “poco serio” y meramente dilatorio.

Los hechos
La causa tiene su origen en una denuncia del agente de bolsa Claudio Iglesias, quien declaró que en 2019 el juez Bailaque le armó una causa penal por lavado de activos y luego le exigió 250 mil dólares para desactivar el proceso. Según Iglesias, fue Whpei quien gestionó directamente el cobro del dinero.

Las acusaciones también fueron respaldadas por Carlos Vaudagna, extitular de la AFIP y testigo colaborador en la causa. En sus declaraciones, Vaudagna afirmó que la maniobra tuvo como fin evitar que Iglesias asumiera la presidencia del Grupo Asegurador San Cristóbal.

Mientras Bailaque fue imputado en el expediente y se amparó en sus fueros para evitar la prisión preventiva, su situación está siendo evaluada por la comisión correspondiente del Consejo de la Magistratura. En paralelo, Vaudagna llegó a un acuerdo con los fiscales y reconoció su participación en las supuestas maniobras.

Argumentos de la defensa
Al arribar a tribunales pasadas las 13, Whpei mostró una actitud hostil hacia los fiscales. Su defensa cuestionó la denuncia de Iglesias y sostuvo que fue formulada recién en abril de este año, cuando los hechos se remontarían a 2019. Según afirmaron, Iglesias la presentó tras haber sido procesado por otra causa de lavado, junto a su socio Jorge Oneto, en base a una investigación impulsada por el propio Bailaque a partir de una denuncia anónima presentada por Vaudagna.

Los abogados también negaron la participación de Whpei en una supuesta cena clave donde, según Vaudagna, se habría coordinado la extorsión. Alegaron que en esa ocasión se sirvió paella y que Whpei es alérgico al pescado, por lo cual no pudo haber asistido.

Además, remarcaron que Iglesias mantuvo relaciones comerciales con Whpei entre 2020 y 2022, incluyendo inversiones inmobiliarias y proyectos conjuntos, como un fideicomiso para construir un edificio y la compraventa de vinos vinculada a un emprendimiento familiar. "No son conductas habituales hacia alguien que supuestamente lo habría extorsionado", afirmaron.

También presentaron testimonios de tres altos ejecutivos del Grupo San Cristóbal (un CEO y dos gerentes), quienes descartaron que Iglesias estuviera en carrera para la presidencia de la compañía, e incluso lo calificaron como un “mero tesorero”.

La defensa acusó a los fiscales de presentar solo fragmentos de las declaraciones testimoniales que respaldan la acusación y de no incluir información exculpatoria. Por su parte, los fiscales señalaron que la defensa evitó referirse a las declaraciones clave de Vaudagna, quien involucró de forma directa a Whpei en las maniobras extorsivas.

Resolución judicial
Tras escuchar a ambas partes, el juez Rodrigues Da Cruz rechazó el pedido de recusación y habilitó el inicio de la audiencia imputativa, que comenzó finalmente a las 15.30hs. Concluida la instancia, dictó la prisión preventiva de Whpei por 90 días, quien fue trasladado a dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.