El exfiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Mariano Ríos Artacho fue imputado como presunto jefe de una asociación ilícita que habría desviado alrededor de 425 millones de pesos de cuentas judiciales durante un período comprendido entre 2017 y 2024.

La acusación fue presentada por los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani, quienes sostienen que el exfuncionario tenía un rol central dentro de la estructura investigada. De acuerdo con la hipótesis fiscal, Ríos Artacho habría definido qué cuentas podían ser utilizadas y firmado la documentación necesaria para concretar los movimientos de dinero.

Los fondos involucrados correspondían a fianzas, cauciones y dinero secuestrado en diferentes investigaciones judiciales. Según la pesquisa, parte de ese dinero habría sido destinado posteriormente a operaciones financieras y apuestas en casinos.

La investigación también describe un sistema destinado a evitar que las diferencias en las cuentas fueran detectadas. Según la acusación, el abogado penalista Emilio Barcacia habría realizado depósitos en efectivo para recomponer temporalmente los saldos cuando determinadas causas se acercaban a instancias como juicios abreviados o probation.

Además, otros integrantes de la presunta organización habrían cumplido funciones como prestanombres, facilitando sus identidades y cuentas bancarias para canalizar el dinero. También se les atribuye el retiro de efectivo y posterior distribución de los fondos.

La investigación se inició luego de que se detectara una irregularidad en una cuenta judicial. La anomalía fue advertida dentro de la propia estructura del MPA y derivó en una pesquisa a cargo de la unidad especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos.

Además de Ríos Artacho, la Fiscalía señaló a otras personas que presuntamente habrían intervenido en distintas etapas del mecanismo. La acusación incluye 21 hechos de peculado, 15 fraudes y 21 falsedades ideológicas, según se informó durante la audiencia.

Ríos Artacho dejó su cargo como fiscal en junio de 2024, cuando se desempeñaba en el área de Delitos Económicos del MPA. Su salida se produjo luego de distintos cuestionamientos sobre su actuación que ya habían sido objeto de análisis en el ámbito institucional.