El intendente de Funes, Rolvider “Roly” Santacroce, quedó en el centro de un complejo entramado político y judicial que combina un conflictivo proceso de divorcio con denuncias que abren interrogantes sobre su patrimonio y posibles vínculos con el negocio inmobiliario local.

La abogada Ana Rosenfeld, representante legal de Romina Hoffmann, habría señalado en declaraciones al medio de comunicación LPO que se investigaría un presunto esquema de dádivas en el que podrían estar involucrados empresarios del sector inmobiliario. De acuerdo a lo publicado por ese medio, se seguiría la pista de transferencias de dinero, montos significativos y la posible existencia de intermediarios o testaferros.

El eje inmobiliario no resulta menor en este contexto. Desde la asunción de Santacroce en 2019, Funes experimentó un marcado crecimiento de urbanizaciones privadas y desarrollos residenciales, posicionándose como una de las zonas de mayor expansión en el área metropolitana de Rosario.

En paralelo, el municipio impulsó un fideicomiso destinado a obras de infraestructura, financiado con aportes de inversores. Sin embargo, vecinos vienen denunciando desde hace años falencias en servicios básicos, como anegamientos, falta de cloacas, problemas eléctricos y deficiencias en la conectividad.

El tema ya ingresó en la agenda del Concejo Deliberante de Funes, donde algunos sectores comenzaron a observar con mayor atención la actividad de determinados emprendimientos urbanísticos, entre ellos proyectos de alto nivel en la ciudad.

En paralelo, el conflicto judicial sumó tensión. Las abogadas que intervienen en la causa evalúan solicitar medidas de protección para la denunciante, mientras analizan el patrimonio del jefe municipal, incluyendo posibles bienes en el exterior.