A una semana de su aprobación en el Congreso, el Gobierno nacional promulgó este viernes la denominada Ley de Modernización Laboral, una reforma que introduce modificaciones en las relaciones laborales y en el esquema de contrataciones en Argentina. La medida quedó oficializada a través del Decreto 137/2026, que puso en vigencia la Ley 27.802.
El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. La norma había sido aprobada por el Senado con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones, luego de que la Cámara alta ratificara los cambios introducidos previamente por Diputados.
La reforma, compuesta por 25 capítulos, plantea incentivos para la formalización del empleo, introduce modificaciones en los mecanismos de contratación y establece nuevas reglas en la Justicia laboral con el objetivo de reducir la litigiosidad, especialmente en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas.
Entre los puntos centrales, el artículo 245 redefine el sistema indemnizatorio en casos de despido sin causa. La norma establece una compensación equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor de tres meses, además de parámetros para calcular la remuneración habitual y aplicar topes.
Otro de los cambios relevantes es la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), cuentas específicas e inembargables que deberán conformar los empleadores mediante un aporte mensual sobre las contribuciones patronales: del 1% para grandes empresas y del 2,5% para pymes. La administración de estos fondos estará bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores.
La normativa también introduce modificaciones en el régimen de vacaciones y en el sistema de horas extras, habilitando la implementación de un “banco de horas” mediante acuerdos voluntarios entre empleador y trabajador. A su vez, aclara que las disposiciones no alcanzan a empleados de la administración pública, trabajadores agrarios, personal de casas particulares ni a prestadores independientes de plataformas tecnológicas, salvo que otras normas dispongan lo contrario.