La investigación judicial contra el exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque sumó un nuevo giro este miércoles luego de que su contador personal, Gabriel Mizzau, decidiera acogerse a la figura del imputado colaborador y brindar información clave a la Fiscalía a cambio de una reducción de pena.
La novedad fue confirmada durante una audiencia de control de acusación por el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, quien informó que el profesional reconoció los delitos que se le atribuían dentro de la estructura investigada y aceptó colaborar con la causa.
Según detallaron fuentes judiciales, Mizzau admitió tanto los hechos como la calificación legal de las acusaciones vinculadas a su relación con Bailaque, exmagistrado señalado por múltiples maniobras de corrupción y presuntos vínculos con el narcotráfico. El contador también mantenía una relación laboral con Esteban Lindor Alvarado, uno de los jefes narco más pesados de Rosario.
La declaración del arrepentido fue presentada poco antes del inicio formal de la audiencia y será incorporada como una de las pruebas centrales del expediente. Iglesias explicó que el contador aportó datos patrimoniales relevantes sobre Bailaque, especialmente en torno a movimientos financieros y operaciones bajo sospecha.
Uno de los ejes de la investigación apunta a presuntas irregularidades relacionadas con la intervención de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín. En esa línea, el exjuez fue imputado por delitos como incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato, además de otras causas conexas por lavado de activos, abuso de autoridad, falsificación de documentos y allanamientos ilegales.
La Justicia también investiga transferencias millonarias vinculadas a cooperativas de Puerto General San Martín y San Lorenzo. En particular, se analiza el envío de cerca de mil millones de pesos hacia una financiera ligada al empresario Fernando Whpei, quien también optó por declarar como imputado colaborador.
Con la incorporación de Mizzau, ya son tres los arrepentidos dentro de la causa. A los testimonios del contador y de Whpei se suma el de Carlos Vaudagna, ex titular regional de la Afip, quien también aceptó colaborar con la investigación.
En febrero pasado, los fiscales Juan Argibay Molina, Sergio Rodríguez y Federico Reynares Solari solicitaron una pena de 10 años de prisión para Bailaque. La acusación incluye además a su esposa, la abogada Graciela Martínez Maulión, y al escribano Santiago Busaniche.
Entre las maniobras atribuidas al exmagistrado, los investigadores sostienen que habría armado una causa judicial falsa para exigir 200 mil dólares a dos empresarios bursátiles. También lo señalan por haber percibido durante seis años el pago de un supuesto alquiler proveniente de una mutual vinculada a Whpei.
En paralelo, el Ministerio Público Fiscal pidió una condena de cuatro años y medio de prisión para Martínez Maulión por presunto lavado de dinero a través de la compra de un terreno en Funes. Busaniche, por su parte, enfrenta una expectativa de pena de hasta seis años de cárcel por su presunta participación en maniobras extorsivas.