El Gobierno de Santa Fe avanzó este lunes con la primera intimación de pago a responsables de amenazas contra establecimientos educativos, en el marco de una política orientada a recuperar los costos de los operativos de seguridad desplegados ante este tipo de hechos. La notificación inicial fue por un total de 6.024.944 pesos y estuvo dirigida a los padres de un menor señalado como autor.
El ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, explicó que se trata de la primera de una serie de intimaciones que comenzarán a enviarse en los próximos días. “Hoy se despachó la primera comisión policial para notificar la primera intimación, en el marco de la resolución dictada para el recupero de los costos de los operativos”, señaló.
Durante el procedimiento, realizado en la ciudad de Santa Fe, la agente policial informó al padre del menor sobre el detalle del monto reclamado. En ese contexto, el hombre reaccionó con la frase: “Cara la jodita”, expresión que luego fue mencionada por el funcionario en conferencia de prensa.
Según detalló Cococcioni, la notificación alcanza a ambos padres del menor, quienes deberán abonar el monto en calidad de responsables solidarios. Además, indicó que ya se identificó a los autores de 58 hechos, lo que implica más de 70 personas involucradas, entre responsables directos y adultos a cargo.
Las intimaciones incluyen el detalle de la deuda y los medios de pago, con un plazo de cinco días para regularizar la situación. En caso de incumplimiento, los antecedentes serán girados a la Fiscalía de Estado, que podrá avanzar con medidas como embargos o inhibiciones de bienes.
Desde el Gobierno provincial aclararon que estos montos corresponden a una indemnización civil destinada a resarcir el gasto público generado por cada operativo, y no a una sanción penal. “No es una multa ni una pena: es una deuda civil que se ejecuta conforme a la normativa vigente”, explicó el ministro.
En cuanto al cálculo de los costos, se contemplan los recursos utilizados en cada intervención, como combustible, vehículos, brigadas especializadas —incluidas las de explosivos— y horas de servicio del personal policial. “No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos”, subrayó Cococcioni.
De acuerdo a estimaciones oficiales, el monto total a recuperar por los 58 hechos ya identificados superaría los 250 millones de pesos, cifra que podría incrementarse a medida que se validen nuevas identidades y se emitan más intimaciones.