Este martes por la mañana se realizará la audiencia imputativa en el marco de una investigación por presunta malversación de fondos vinculada a la carga de combustible de patrulleros. En la causa, que lleva casi diez meses en proceso, están acusadas 17 personas: 13 uniformados y 4 civiles.
La investigación, que derivó en la intervención de la Unidad Regional II, apunta a un presunto desvío de fondos públicos mediante sobrefacturación en el sistema de abastecimiento de combustible. Según fuentes judiciales, se trataría de una maniobra de “mucha consideración”, con un perjuicio estimado en 45 millones de pesos sustraídos al Estado, sobre un total de 380 millones asignados mensualmente al patrullaje.
Durante los allanamientos realizados en el marco de la causa, se secuestraron aproximadamente 300 tarjetas "Visa Flota" en domicilios particulares de algunos de los policías involucrados. Estas tarjetas son de uso exclusivo de los choferes de móviles policiales, lo que llamó la atención de los investigadores.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal indica que el personal encargado del sistema de carga habría concretado todas las tarjetas en un solo grupo, coordinándose con una estación de servicio para efectuar sobrefacturaciones. De hecho, en uno de los domicilios se encontró un posnet perteneciente a dicha estación de servicio.
El pasado viernes, el fiscal a cargo de la investigación dispuso la liberación de dos agentes del Comando Radioeléctrico y una oficial del taller Tarragona, al no haberse encontrado elementos que acrediten su vinculación con los hechos.
Se espera que en la audiencia de este martes se formalicen las imputaciones contra los acusados, quienes podrían enfrentar cargos por malversación de fondos públicos.