La provincia de Santa Fe logró reducir drásticamente las amenazas de atentados en escuelas mediante una política que trasladó a los responsables los costos de los operativos de seguridad. Sin embargo, la recuperación de los fondos invertidos por el Estado quedó muy lejos de las expectativas oficiales. De las 53 notificaciones enviadas entre fines de abril y mayo, sólo seis fueron abonadas, pese a que los gastos estimados por el Ministerio de Seguridad superaron los 139 millones de pesos.

La medida fue implementada tras la seguidilla de amenazas registradas en instituciones educativas de toda la provincia luego del ataque ocurrido el 30 de marzo en una escuela de San Cristóbal, donde un adolescente asesinó a otro.

 Según los datos oficiales, las mayores cantidades de notificaciones se concentraron en San Lorenzo, con diez casos, seguida por Rosario con siete y La Capital y Las Colonias con seis cada una. En total, los pagos efectuados alcanzaron los $9.824.430, apenas el 7,2% del monto que el Gobierno calculó haber destinado a los procedimientos de prevención y evacuación.

Desde la administración provincial destacaron que la estrategia cumplió su principal objetivo: desalentar las amenazas. Durante la semana en que comenzaron a enviarse las sanciones económicas, los episodios diarios descendieron de unos 80 casos a apenas 15, hasta prácticamente desaparecer.