La investigación por el ataque ocurrido el pasado 30 de marzo en la Escuela Normal Mariano Moreno Nº 40 de la ciudad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, avanzó en las últimas horas con allanamientos realizados en la ciudad salteña de Tartagal, donde se secuestraron dispositivos electrónicos y otros elementos considerados de interés para la causa.
El hecho tuvo como protagonista a un adolescente de 15 años, identificado como Gino C., quien asesinó a un compañero de 13 años, Ian Cabrera, e hirió a otros estudiantes dentro del establecimiento educativo.
De acuerdo con las primeras líneas investigativas, el atacante habría actuado influenciado por comunidades virtuales vinculadas a discursos violentos, motivo por el cual las autoridades comenzaron a profundizar el análisis de posibles conexiones digitales.
Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, a partir del avance de la causa se detectó una posible red de agitadores virtuales, lo que derivó en procedimientos judiciales en domicilios ubicados en el Distrito Judicial Norte, circunscripción Tartagal.
Los allanamientos fueron autorizados por el Juzgado de Menores en turno, a cargo del juez Aníbal Burgos, y estuvieron bajo la supervisión del fiscal Pablo Cabot. Durante los operativos se concretó el secuestro e inspección de dispositivos informáticos y soportes tecnológicos con el objetivo de preservar evidencia digital potencialmente relevante para la investigación.
Tras un análisis preliminar, desde la fiscalía salteña señalaron que surgieron referencias vinculadas únicamente a la causa que se investiga en Santa Fe y, en principio, descartaron la existencia de hechos aislados o independientes relacionados con la comunidad salteña.
Además, las autoridades indicaron que se adoptaron medidas urgentes de resguardo y protección, con intervención de la Asesoría de Incapaces y la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia. También se dispuso una consigna policial fija en el domicilio involucrado y se prevé una audiencia ante el Juzgado de Menores con participación del adolescente investigado, sus padres y representantes judiciales.
Por tratarse de actuaciones que involucran menores de edad y la existencia de víctimas, la causa permanece bajo estricta reserva judicial.