El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Educación, emitió una alerta preventiva dirigida a toda la comunidad educativa ante los recientes episodios de amenazas de tiroteos en escuelas, manifestadas mediante carteles, pintadas y mensajes en redes sociales.
Frente a este escenario, se convocó a equipos directivos, docentes y centros de estudiantes a abordar esta problemática en las aulas, incorporándola como una falta gravísima dentro de los acuerdos de convivencia escolar. Además, se solicitó reforzar el diálogo en los hogares y generar conciencia sobre las consecuencias de este tipo de conductas.
La comunicación oficial, elaborada en conjunto con el Ministerio de Justicia y Seguridad, fue contundente: estas acciones “no constituyen una broma ni una simple transgresión escolar”, sino que se trata de delitos graves que afectan el derecho a la educación y alteran la paz social.
En ese sentido, se recordó que realizar amenazas, difundir mensajes falsos o generar alarmas sobre posibles ataques encuadra en el delito de intimidación pública, contemplado en el artículo 211 del Código Penal, con penas de prisión. Además, se informó que se avanzará en la identificación de los responsables, incluso dentro del fuero penal juvenil.
Desde la cartera educativa también alertaron sobre el rol de las redes sociales, que pueden amplificar estos mensajes y generar un “efecto contagio”, instalando la falsa idea de anonimato o impunidad. “Lo que comienza como un reto puede terminar en un proceso penal”, advirtieron.
En paralelo, destacaron el trabajo del Ministerio Público de la Acusación, que mediante análisis de redes, peritajes informáticos y rastreo de direcciones IP logra identificar rápidamente a los autores. Estas investigaciones pueden derivar en allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos y detenciones.
Otro punto clave es el impacto económico. Cada amenaza activa protocolos de seguridad que implican un importante despliegue de recursos policiales, sanitarios y de emergencia, además de la suspensión de actividades escolares. Estos costos pueden ser reclamados judicialmente a las familias de los menores responsables, ya que la legislación vigente establece su responsabilidad civil.
Finalmente, el Gobierno instó a padres y tutores a involucrarse activamente en la prevención. “Solicitamos dialogar de manera urgente y clara con niños y adolescentes, para erradicar estas prácticas y proteger a toda la comunidad educativa”, concluye el documento.