La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe oficializó la creación de su Oficina de Género, un nuevo espacio institucional que tendrá entre sus objetivos promover la capacitación, sensibilización y aplicación de la perspectiva de género en distintos ámbitos del Poder Judicial.
La medida plantea una discusión que excede la creación de una nueva dependencia: ¿qué lugar debe ocupar la perspectiva de género dentro de una Justicia que también enfrenta reclamos de familias que esperan respuestas y decisiones en causas donde están en juego derechos fundamentales?
Uno de los casos que volvió a poner esta discusión en el centro es el de Ángel López, el niño de cuatro años que murió en abril en Comodoro Rivadavia. El menor había quedado bajo el cuidado de su madre luego de una decisión judicial que modificó la situación de tenencia que mantenía con su padre.
Tras la muerte del niño, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut dispuso intervenir y auditar al Equipo Técnico Interdisciplinario que había participado en el proceso que terminó con la tenencia de Ángel en manos de su madre.
Otro antecedente que quedó grabado en la memoria pública es el de Lucio Dupuy. El niño de cinco años fue asesinado en 2021 y su madre y la pareja de ella fueron posteriormente condenadas por el crimen. Antes del homicidio, una decisión judicial había otorgado a la madre el cuidado de Lucio, luego de una disputa familiar por su tenencia.
Las familias de ambos niños cuestionaron que las decisiones judiciales estuvieron atravesadas por la perspectiva de género y sostuvieron que ese enfoque terminó pesando por encima de otros elementos que advertían sobre la situación de los menores.
La discusión no pasa necesariamente por negar la existencia de situaciones de violencia o desigualdad que deban ser contempladas por la Justicia. El interrogante es otro: qué sucede cuando una perspectiva se convierte en un criterio que puede pesar más que las pruebas particulares de cada expediente.
Por eso, más allá de la creación de una nueva oficina, el debate de fondo es qué necesita hoy el Poder Judicial santafesino: más estructuras, más capacitación, mayor celeridad o, fundamentalmente, decisiones que pongan por encima de cualquier enfoque ideológico la evidencia y la seguridad de cada individuo.