La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario confirmó la condena a nueve años de prisión para Patricio Serjal, exjefe de los fiscales de Rosario, por su participación en una estructura de corrupción vinculada al juego clandestino. La resolución fue firmada por los jueces Ismael Manfrin, Javier Beltramone y Carolina Hernández, aunque no hubo unanimidad en todos los puntos: Manfrin y Hernández ratificaron la condena por asociación ilícita, mientras que Beltramone votó en disidencia. En cambio, hubo acuerdo entre los tres magistrados para confirmar las condenas por cohecho pasivo agravado y peculado de servicios.

Serjal había sido condenado en noviembre de 2025 luego de que la investigación determinara que recibió sobornos a cambio de brindar protección e información al empresario Leonardo Peiti, uno de los principales operadores del juego clandestino en Santa Fe. En la misma causa, el exfuncionario del MPA Nelson Ugolini recibió una pena de cinco años, que también quedó firme: por unanimidad en relación con el cohecho pasivo simple y por mayoría respecto de la asociación ilícita. Ugolini había sido secretario del exfiscal Gustavo Ponce Asahad y, de acuerdo con la acusación, también recibía dinero a cambio de filtrar información sensible a Peiti. Tanto Peiti como Ponce Asahad reconocieron su participación mediante acuerdos abreviados y la figura del arrepentido.

Pero detrás de las condenas a los integrantes de la denominada pata judicial de la organización aparece una cuestión que mantiene abierta una de las causas de corrupción más sensibles de Santa Fe: el rol de Armando “Pipi” Traferri. Ponce Asahad, al declarar como imputado colaborador, sostuvo que por encima de Serjal existía una estructura política y señaló al entonces senador provincial por el departamento San Lorenzo. Los fiscales que iniciaron la investigación, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, llegaron a sostener que “Serjal, Traferri, Ponce Asahad y Ugolini conformaban una asociación ilícita” cuyo objetivo era garantizar que Peiti pudiera continuar operando el negocio ilegal de apuestas.

La sentencia contra Serjal contiene 129 menciones a Traferri, una cifra que cobró especial relevancia durante la revisión del fallo. La defensa del exfiscal planteó que el senador había sido prácticamente condenado dentro de un juicio en el que no fue parte, argumento utilizado para cuestionar la validez de la sentencia. La situación de Traferri es particular porque durante años estuvo protegido por sus fueros parlamentarios y recién fue imputado en octubre de 2024, mucho después de que la investigación sobre el juego clandestino comenzara a avanzar. Según la acusación fiscal, Traferri habría ocupado el rol de jefe de la organización y habría sido uno de los beneficiarios del dinero generado por el juego ilegal, aunque esas responsabilidades todavía deberán ser definidas en su propio proceso judicial.

La investigación también quedó atravesada por una fuerte controversia alrededor del camarista Javier Beltramone, uno de los tres jueces que ahora intervino en la revisión de la condena de Serjal. Los fiscales Marisol Fabbro y José Luis Caterina habían pedido su apartamiento debido a su vínculo con el abogado Fernando Moschini, cuya actuación aparece relacionada con la trama investigada y a quien los fiscales ubican como cercano a los intereses de Traferri. La recusación se apoyó, entre otros elementos, en conversaciones extraídas del teléfono de Moschini que, según la Fiscalía, evidenciaban una relación de amistad estrecha entre el abogado y el magistrado, incluso extendida a sus familias.

El vínculo generó todavía más cuestionamientos porque Beltramone había intervenido anteriormente en una causa relacionada con el juego ilegal y le había concedido una suspensión de juicio a prueba a un imputado de apellido Graf, quien era defendido precisamente por Moschini. La Fiscalía señaló que aquella resolución había sido dictada pese a su oposición y a rechazos previos de otros magistrados. Beltramone rechazó la recusación y defendió su imparcialidad, mientras que sus colegas respaldaron su permanencia en el tribunal.

Con las condenas de Serjal, Ugolini, Ponce Asahad y Peiti ya atravesadas por decisiones judiciales, la investigación continúa avanzando sobre otros integrantes de la presunta estructura. En ese escenario, la situación de Traferri vuelve a quedar bajo una lupa especial: los fiscales lo señalan como una pieza política central de la organización y la sentencia contra Serjal describe una trama en la que su nombre aparece de manera reiterada. La Justicia deberá determinar ahora, en el proceso que lo tiene como imputado, si esas acusaciones pueden convertirse en responsabilidad penal.