Tres policías fueron condenados este martes en el marco de la causa que investiga una presunta trama de corrupción vinculada a la carga de combustible de patrulleros de la Unidad Regional II de Rosario.
Las condenas fueron homologadas por la jueza Silvana Lamas González durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, luego de que los acusados aceptaran acuerdos de juicio abreviado y aportaran información a la investigación en calidad de imputados arrepentidos.
Los condenados son Sergio Darío López, Jorge Santiago Delgado y Gerardo Fabián Ramírez. El acuerdo fue alcanzado entre el fiscal José Luis Caterina y las defensas de los efectivos, quienes recibieron penas atenuadas por la colaboración brindada durante el avance de la causa.
Gerardo Ramírez fue condenado a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Admitió haber participado en delitos de asociación ilícita, defraudación agravada y cohecho pasivo.
Por su parte, Sergio López recibió una pena de dos años y ocho meses de prisión condicional, además de inhabilitación para ocupar cargos públicos, por asociación ilícita, cohecho pasivo, defraudación agravada y falsedad ideológica.
En tanto, Jorge Delgado fue condenado a dos años y tres meses de prisión condicional e inhabilitación absoluta por los mismos delitos.
Los tres deberán cumplir durante tres años distintas reglas de conducta, entre ellas fijar domicilio, presentarse mensualmente ante la Dirección de Asistencia Pos Penitenciaria y abstenerse de mantener contacto con otros involucrados en el expediente.
En paralelo al avance judicial, la Subsecretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad de Santa Fe solicitó la destitución de todos los policías imputados en la causa.
El pedido fue presentado por el subsecretario Lucas Covacich ante el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial e incluye a más de una decena de efectivos investigados en el expediente.
Entre ellos figura también el exjefe de Policía de Rosario, Daniel Acosta, quien ya estaba retirado de la fuerza. En su caso, se pidió el cese definitivo de su vínculo con la institución, medida que implicaría la pérdida de su haber mensual.